Desafíos frente a la percepción de corrupción

Respecto de la situación global, se aprecia un estancamiento. De acuerdo con Transparencia Internacional, esto se explica por un debilitamiento de principios como la independencia judicial para combatir efectivamente la corrupción. En este aspecto, nuestro país posee algunas señales positivas: obtuvo 88.7 puntos en el indicador de efectividad judicial del Index of Economic Freedom de 2023. Además, recientemente se han impulsado en Chile diversas medidas que refuerzan las facultades investigativas, como la ley de delitos económicos, la ley de crimen organizado y la ley que crea una fiscalía supraterritorial, además de medidas de índole administrativo y de gestión.

“Las 210 medidas que contempla la Estrategia Nacional de Integridad Pública para avanzar en integridad y prevenir la corrupción son parte de un enfoque anticorrupción proactivo y de largo plazo”.

Adicionalmente, podría analizarse nuestra mayor capacidad de detección y persecución de delitos, lo que también repercute en la percepción al estar más presente esta temática en la opinión pública.

Así, al hacer zoom en nuestro país, las razones que explican el resultado en este indicador son otras.

Si comparamos nuestra posición con años anteriores, vemos que Chile disminuyó de 73 a 66 puntos entre 2014 y 2016, tras lo cual no han existido variaciones estadísticamente significativas. Tales bajas coinciden con hechos de corrupción de alta connotación pública. Este año bajamos un punto respecto del año anterior, situación que se da en un contexto de casos más recientes que involucran las transferencias tanto desde el gobierno central como desde gobiernos regionales a fundaciones y múltiples casos de corrupción en municipios, todos con gran cobertura mediática.

Avanzar en esta materia es más urgente que nunca. En diciembre pasado el Gobierno lanzó la primera Estrategia Nacional de Integridad Pública, con 210 medidas para avanzar en integridad y prevenir la corrupción. Se trata de una política de largo plazo que no alcanza a reflejarse en estas mediciones de percepción recientes. Sin embargo, tanto esta Estrategia como las medidas que esta considera fueron destacadas en el informe de Transparencia Internacional como oportunidades para subir en estas mediciones e insta a la implementación de sus medidas.

Cabe destacar entre las medidas comprometidas el proyecto que crea un registro de personas beneficiarias finales, el proyecto de ley integridad municipal, y la ley general de transferencias, todos ya ingresados al Congreso Nacional y a la espera de su discusión y aprobación. Estas iniciativas legislativas permitirán fortalecer nuestra institucionalidad justamente en ámbito en los que hemos vistos flancos en los casos más recientes.

Tales iniciativas son parte de una Estrategia anticorrupción proactiva que, si bien es una política de largo plazo, requiere de impulso, compromiso y acuerdos de todos los sectores hoy.